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lunes, 14 de enero de 2008

Referencia sobre legislación española relacionada con la accesibilidad web

Artículos relacionados
Metodologías, certificaciones y entidades certificadoras de la accesibilidad web en España

Última actualización: 25 de febrero de 2014

Índice

Introducción

El año 2007 fue sin duda el gran año para la Accesibilidad Web en España, puesto que se aprobaron diversas leyes de vital importancia para la accesibilidad de los portales de Internet, leyes que todos debemos conocer y difundir, en especial entre nuestros clientes, que a menudo desconocen sus obligaciones en este campo:

Estas leyes fijan por fin el nivel de adecuación obligatorio de los portales de Internet, no ya sólo de la Administración Pública sino de las empresas que reciben financiación pública y de las empresas privadas con más de 100 trabajadores o que facturen más de 6 millones de euros (especialmente entidades bancarias, agencias de viaje, aseguradoras, empresas de transporte, suministradoras de electricidad, gas y agua, etc.) en el nivel de conformidad AA de la Norma UNE 139803, a partir del 31 de diciembre de 2008. La Norma fue actualizada en 2012 y actualmente es equivalente a las WCAG 2.0

Establecen además otras obligaciones, como indicar en los portales el nivel de adecuación, la fecha de la revisión o una dirección específica de contacto.

Abordan temas como la certificación de los portales; las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad; el derecho de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a que el contenido de los portales esté disponible en la lengua de signos (equiparada a cualquier otra lengua del Estado); el derecho a que los procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica sean plenamente accesibles, etc.

Una de las últimas leyes importantes en relación con la accesibilidad web es la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entre otras cosas obliga a que las redes sociales (desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones sean mayor a 6 millones de euros) sean accesibles antes de 2013; amplía la exigencia de accesibilidad a los instrumentos de cooperación internacional; y se reconoce el derecho a indemnización por daños y perjuicios en caso de discriminación.

El Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre adecua la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de la Convención, en la línea marcada por la Ley 26/2011.


Antecedentes


Constitución Española de 1978. Artículos 9, 10, 14, y 49. (B.O.E. de 29-12-78).

Artículo 9 "2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Artículo 10 "1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social"

Artículo 14 "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Artículo 49 "Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos."

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos

Como hemos visto, la Constitución Española establece en su artículo 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean efectivas.

Dentro de este contexto, el artículo 49 contiene un mandato para que dichos poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad y las amparen para disfrute de los derechos reconocidos en el título I de nuestra Carta Magna.

En cumplimiento de este mandato constitucional, se dictó la Ley 13/1982.

Es derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

.
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
Artículo 4

1. La actuación de la Administración General de Estado debe asegurar a los ciudadanos:

a. La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.

b. La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.

2. La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudadanos:

a. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos.



Estatales


Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. LSSI (B.O.E. de 12-7-02).

Disposición adicional quinta

Uno. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.

Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.

En el año 2002 se fijaba por primera vez la obligación de que las páginas web de la Administración Pública española fueran accesibles, sin embargo no se especificaba el nivel requerido como sí ocurre en las leyes posteriores del 2007.

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. (BOE de 4-11-03)

Contempla al colectivo de discapacitados como beneficiarios del servicio universal. No trata temas concretos de accesibilidad web pero sí incluye artículos sobre la accesibilidad de las telecomunicaciones.

  • Art.22.1.e: Contempla la necesidad de existencia de opciones o paquetes de tarifas para personas con necesidades especiales.
  • Art.22.1.c: Indica que los teléfonos públicos deberán satisfacer razonablemente las necesidades de los usuarios finales en cuanto a la accesibilidad de estos teléfonos para personas discapacitadas.
  • Art.22.1.c : Establece que se podrán adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores de que disfruta la mayoría de los usuarios finales
Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) (B.O.E. de 3-12-03).

El artículo 10 de esta ley regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad.

En la disposición final séptima se da un plazo de 2 años para la aprobación de unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de productos y servicios relacionados con la Sociedad de la Información y de cualquier medio de comunicación social, que será obligatorio en el plazo de 4 a 6 años para productos nuevos y de 8 a 10 para productos susceptibles de ajustes.

Para administrar la gradualidad en la puesta en marcha de la LIONDAU se consideró conveniente la elaboración de instrumentos de planificación, y al tiempo de su redacción se diseñaron dos planes:

Es derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

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Reales decretos de desarrollo de la Ley 51/2003 (LIONDAU)


La LIONDAU, en sus disposiciones finales, contiene mandatos explícitos de desarrollo y aplicación de las medidas determinadas por la ley. Para dar respuesta a estos mandatos, se han elaborado y publicado los siguientes reales decretos:


  • Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y servicio universal. (BOE de 29-4-05). Modificado por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.
    Ver Artículo 32.4 y Artículo 33 ("Otras medidas para facilitar la accesibilidad al servicio por las personas con discapacidad")
  • Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la Consideración de Persona con Discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (BOE de 16 de diciembre de 2006).
  • Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el Sistema Arbitral para la Resolución de Quejas y Reclamaciones en Materia de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad por Razón de Discapacidad. (BOE de 13 de diciembre de 2006).
  • Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las Condiciones de Accesibilidad y no Discriminación de las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración General del Estado. (BOE de 24 de marzo de 2007).

    En el artículo 12 se especifica: los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible, por tanto los documentos e impresos en formatos como Word o PDF deberán ser accesibles.

  • Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Condiciones Básicas para el Acceso de las Personas con Discapacidad a las Tecnologías, Productos y Servicios Relacionados con la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación Social.(BOE de 21 de noviembre de 2007)

    Este es un decreto clave puesto que especifica el grado de accesibilidad aplicable a las páginas de Internet de las administraciones públicas, estableciendo como nivel mínimo obligatorio el cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.

    Nota: en 2012 la Norma 139803 se actualizó y actualmente es equivalente a las WCAG 2.0 Por tanto el nivel de adecuación a cumplir es el nivel de conformidad AA de acuerdo a las WCAG 2.0

    Todas las páginas, actualmente existentes o de nueva creación, deberán cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004 a partir del 31 de diciembre de 2008. Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio no presente una alternativa tecnológica económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad.

    Las páginas deberán indicar el grado de accesibilidad aplicado así como la fecha de la revisión y un sistema de contacto para transmitir las dificultades de acceso, o formular quejas, consultas o sugerencias.

    Las páginas se podrán certificar con normas técnicas españolas, normas aprobadas por organismos de normalización europeos y en su defecto por otras normas internacionales aprobadas por organismos oficiales de normalización. Sería, por tanto, igual de válida la certificación de AENOR que la certificación Euracert.

    Se referencia a la Ley 59/2003, indicando que los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles (artículo relacionado: Accesibilidad, firma electrónica y DNIe en el ámbito de las Administraciones Públicas ); así como a la Ley 27/2007, acerca de la equiparación de la Lengua de Signos a cualquier otra lengua del Estado, y los derechos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a que la información de los portales de Internet esté en el Lenguaje de Signos.

    Comenté ampliamente este Real Decreto en "Reglamento para el acceso de las personas con discapacidad a la Sociedad de la Información (III)" (último de una serie de tres).

    Este decreto ha sido modificado en septiembre de 2011 por el Real Decreto 1276/2011


Orden PRE/1551/2003, de 10 junio, por la que se desarrolla la Disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero de 2003, que regula los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de certificados por los ciudadanos.

Séptimo. Protocolos y criterios técnicos de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificaciones

El registro telemático y el servicio de notificación telemática deberán cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad establecidos por la Iniciativa para una Web Accesible (WAI) del Consorcio World Wide Web y en particular las especificaciones de la Recomendación de 5 de mayo de 1999 sobre Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web, versión 1.0, en su nivel AA.

La Orden se enmarca dentro los "Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades" (Criterios SNC)" a los que se refiere Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, y en los cuales se indica:

5.2 Los servicios electrónicos puestos por la Administración a disposición del ciudadano deben ser visualizables, accesibles y funcionalmente operables desde diversos navegadores alternativos. En particular, se deben adaptar las aplicaciones web a los estándares del World Wide Web Consortium (W3C), evitar la utilización de extensiones propietarias de navegadores y verificar el sitio web, al menos, con http://validator.w3.org/.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

Disposición adicional novena. Garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad.

Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de la tercera edad, las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.

Trate en profundidad lo paradójico que resulta que se pida la accesibilidad de la firma electrónica en Accesibilidad, firma electrónica y DNIe en el ámbito de las Administraciones Públicas, aunque siempre podemos ampararnos en la coletilla "Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad" de la LISI.

Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.

La Disposición adicional segunda de esta ley garantiza la accesibilidad de las personas discapacitadas a los servicios de televisión digital terrestre (artículo relacionado: serie de tres artículos "Tu web en la televisión")

Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

En su disposición adicional 24ª establece que los edificios, instalaciones y dependencias de las Universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de igualdad.

Ver también Real Decreto 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario

Ley 11/2007, de 22 de junio. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (BOE de 23-6-07)

La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones.

Artículo 4. Principios generales.

c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran

Artículo 10. La sede electrónica

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por las que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (B.O.E. de 24-10-07).

Se equipara la Lengua de Signos y la Lengua de Signos catalana a cualquier otra lengua del Estado, de tal manera que los usuarios sordos tienen derecho a acceder a la información de Internet proporcionada por las páginas y portales de titularidad pública o financiados con fondos públicos en la Lengua de Signos.

Comento esta ley en detalle en "Accesibilidad web y discapacidad auditiva".

Artículo 14

1. Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lengua de signos española.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La aprobación de la ley que regula las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la Ley 51/2003 LIONDAU era imprescindible para garantizar el ejercicio real del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Las infracciones serán multas entre los 301 euros y el millón de euros. El abono de la multa no exime del cumplimiento de la Ley 51/2003 LIONDAU.

Hay sido derogada en 2013 por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en ella explico como quedan finalmente las sanciones.

Ver también: Apéndice I. Sobre denuncias y sanciones a portales web en España

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)

Se revisa, actualiza y amplía el contenido de la actual disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, referida a la accesibilidad de las páginas de Internet, a fin de garantizar adecuadamente la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. Comento esta ley en detalle en "Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información".

A partir del 31 de diciembre de 2008 deberán satisfacer como mínimo el nivel medio "de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos" (actualmente el nivel de adecuación AA de la Norma UNE 139803 equivalente desde 2012 a las WCAG 2.0) no sólo las páginas de Internet de la Administración Pública, entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos o empresas privadas que reciban financiación pública, sino también toda una serie de empresas de "especial trascendencia económica", tales como:

  • entidades bancarias
  • aseguradoras
  • agencias de viajes
  • de transporte
  • suministradoras de gas, agua y electricidad
  • etc.

Siempre y cuando tengan más de 100 trabajadores o una facturación superior a 6 millones de euros.

Destaca también la coletilla que se añade siempre de "Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad".

Además, las páginas de las Administraciones Públicas deberán incluir información sobre su nivel de accesibilidad, la fecha de su revisión y facilitar un sistema de contacto específico.

Además de la norma UNE 139803, existen otras normas en España reguladoras del concepto de accesibilidad en el marco de los contenidos audiovisuales en la Web como:

  • CTN 139 / SC8. Norma UNE 139801:2003 Accesibilidad de Hardware. Accesibilidad en informática. Esta norma establece las características que han de incorporar los componentes físicos de los ordenadores (su hardware) y la documentación asociada, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas.
  • CTN 139 / SC8. Norma UNE 139802:2003 Accesibilidad de Software. Accesibilidad en informática. Esta norma establece las características que ha de cumplir el software de un ordenador, incluyendo su entorno operativo (sistema operativo más la interfaz de usuario asociada), las aplicaciones informáticas y la documentación asociada, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas.
  • UNE 139804 Lengua de Signos en Redes Informáticas. Accesibilidad en informática. El documento complementa la norma UNE 139803:2004, definiendo requisitos específicos para el caso de que los contenidos web sean vídeos con lengua de signos. La provisión de los contenidos de una página web en forma de lenguaje de signos puede ser un prerrequisito para que algunos grupos de usuarios accedan a la información. Este documento proporciona directrices para incorporar la lengua de signos en los portales web, siendo su audiencia principal los diseñadores web.


Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (PDF)

3. Las informaciones a que se refiere este artículo contenidas en páginas de Internet, guías electrónicas de programas y otros medios de comunicación de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual que sirvan para hacer efectivo el derecho a la transparencia regulado en este artículo, deberán ser accesibles a las personas con discapacidad. [...] 6. Las páginas de Internet, las guías electrónicas de programas y demás canales o vías de comunicación de los prestadores del servicio que sirvan para hacer efectivo el derecho a la transparencia regulado en este artículo, deberán ser accesibles a las personas con discapacidad.


Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario

El artículo 65 recoge la obligación de las universidades de velar por la accesibilidad de las herramientas y formatos a utilizar. Igualmente se recoge la necesidad de que las páginas web sean accesibles, así como facilitar la descarga de la información.

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Se modifica la Ley 34/2002 de modo que incluye la obligación de que las redes sociales (desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones sea mayor de 6 millones de euros) sean accesibles doble-A antes de 2013:

Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.

También se modifica la Ley 23/1998, de 7 julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, obligando a que los instrumentos de cooperación (campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, etc.) sean accesibles.

Se modifican distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, destacando el ajuste de la definición legal de persona con discapacidad a la contenida en la Convención.

Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Se ha criticado esta definición, ver por ejemplo "Aciertos, errores, y contradicciones en la Ley 26/2011", de Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo.

Por otra parte se incluyen dos nuevos artículos, el 10 bis y el 21:

Artículo 21. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones.

Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 10 bis sufra una conducta discriminatoria por razón de discapacidad, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.»

Por tanto se reconoce el derecho a indemnización por los daños y perjuicios provocados por la discriminación.

También se incorpora un nuevo supuesto de sanción accesoria en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Cuando las infracciones sean muy graves, además los órganos competentes propondrán la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales, consistentes en subvenciones y cualesquiera otras que la persona sancionada tuviese reconocidos en el sector de actividad en cuyo ámbito se produce la infracción.

La comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales podrá conllevar la inhabilitación para el ejercicio de las actividades de cuidado, tanto para personas físicas como jurídicas, por un plazo máximo de cinco años.

Las infracciones por inaccesibilidad en la web tienen el carácter de graves, por tanto el período máximo al que pueden verse limitados para percibir subvenciones se limita a un año.

Se modifica la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas incidiendo en que los medios de comunicación social deberán ser accesibles mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.

Ver también Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El objetivo de este real decreto es adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la línea marcada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Modifica el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, en concreto el artículo 5.1:

"Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio no presente una alternativa tecnológica económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad."

Se cambia por:

Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.

Por otra parte se designa al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en tanto que asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad, como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España del citado Tratado internacional.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Las leyes que integra y que por tanto son derogadas:

La ley tiene por objeto:

Esta ley tiene por objeto:

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Algunas de las definiciones que incluye son:

Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.

Inclusión social: es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.

Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.

Se especifica que en el ámbito de la ley se incluyen las telecomunicaciones y la sociedad de la información.

En relación con el derecho a la igualdad se indica:

3. Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos, en los términos previstos en este Título y demás normativa que sea de aplicación.

En relación con el derecho a la vida independiente

Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

En el artículo 24 se hace referencia a las Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todas estas tecnologías, productos y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.1.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal.

En el artículo 28 se hace referencia a las Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas.

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los entornos, productos, servicios, disposiciones, criterios o prácticas administrativas, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.1.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad de aquellos entornos o sistemas que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y la accesibilidad universal.

En el artículo 29 hace referencia Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad.

Esta ley deroga la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ahora las sanciones quedan de la siguiente manera:

Artículo 83. Sanciones.

  1. Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 1.000.000 de euros.
  2. Para las infracciones leves, la sanción no excederá en ningún caso de los 30.000 euros.
  3. Para las infracciones graves, la sanción no excederá en ningún caso de los 90.000 euros.

Las leves prescribirán al año, las calificadas como graves a los tres años y las calificadas como muy graves a los cuatro años.Las infracciones graves pueden ir acompañadas de suspensión de ayudas o prohibición de concurrir a las mismas o la inhabilitación en el caso de instituciones que presten servicios sociales.

Cuando las conductos infractoras se proyecten en un ámbito territorial superior a la comunidad autónomalas infracciones leves pueden alcanzar los 30.000 euros, las graves los 90.000 euros y las muy graves el milló de euros.

En el capítulo 2 se especifica además cuáles son los organos competentes y el prodecimiento a seguir.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

En el artículo 5 se especifica:

4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.

...

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Además se tipifica como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por discapacidad, así como el acoso por esta misma razón

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna.

Sobre la igualdad de oportunidades

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.

Sobre los entornos virtuales de aprendizaje

Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio.

Por ello deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio y en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien, teniendo en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual.

Además dispone que tanto los procedimientos de admisión a la universidad como las pruebas para obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o para obtener directamente el título de Bachiller y los títulos de Formación Profesional, deben realizarse en condiciones de accesibilidad para los alumnos y alumnas con discapacidad, velándose por que se adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas.


 



Autonómicas


Aragón


Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. (B.O.A. de 18-4-97).


Si se creasen medios audiovisuales dependientes de las Administraciones públicas aragonesas, éstos deberán elaborar un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de la lengua de signos o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información.


Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. (B.O.A. de 15-3-99). Modificado por el Decreto 108/2000, de 29 de mayo, (B.O.A. de 7-6-00) y la Orden de 15-6-00 (B.O.A. de 5-7-00).



Otras Comunidades Autónomas


Documentos de referencia:





Navarra aprobó el 6 de abril de 2010 la LEY FORAL 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas: En lo referido al ámbito de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones, se prevé el desarrollo de "convenios con operadores de telecomunicaciones, así como de televisión digital y radio", a fin de garantizar el acceso de los ciudadanos con discapacidad física o sensorial a los servicios de atención al cliente. Asimismo, se prevé asegurar el acceso universal en elementos tales como la firma electrónica o webs públicas.


El Cermi y la Fundación Once presentarón en marzo de 2010 una propuesta de modelo de ley autonómica de accesibilidad universal



Internacionales


ONU


Resolución 46/96, de 20 diciembre de 1993, "Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad"

Articulo 5.10. Los Estados deben velar por que los nuevos sistemas de servicios y de datos informatizados que se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo accesibles a las personas con discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a ellas.

Los fundamentos políticos y morales de estas normas se encuentran en la Carta Internacional de Derechos Humanos (1948).

En el contenido de las normas puede leerse que "aunque no son de cumplimiento obligatorio, pueden convertirse en normas internacionales cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el compromiso de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades".

Resolución 61/106, de 13 de diciembre de 2006, de la Asamblea General, por la que se adopta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmado entre otros países por España.

Convención sobre derechos de las personas con discapacidades adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 tiene como propósito promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales entre ellos la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación.

La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.

Ver Ratificación de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2010 (BOE, 21/08/2010)

Ver Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Otras resoluciones:ONU y las personas con discapacidad


Unión Europea


Introducción


En diciembre de 1999 la Comisión Europea lanza la Iniciativa eEurope a través de una comunicación: "eEuropa - Una Sociedad de la Información para todos".


El Consejo Europeo de Feira aprobó en junio de 2000 el plan de acción eEuropa 2002, uno de cuyos objetivos es mejorar el acceso a la Red de las personas con discapacidad y llevar a la práctica las recomendaciones adoptadas en el marco de la Web Accessibility Initiative - Iniciativa para la Accesibilidad de la Red.


El 25 de septiembre del 2001 la Comisión aprobó la comunicación "eEuropa 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su contenido" con la que se pretende que las páginas web sean mucho más accesibles para la gente de la tercera edad y para las personas con discapacidad.


En junio de 2002, el Consejo Europeo de Sevilla lanzó el plan de acción eEurope 2005 cuyo principal objetivo es ofrecer a todos la posibilidad de participar en la sociedad de la información mundial.


En 2003, la Comisión Europea y el movimiento para los discapacitados organizaron el Año Europeo para las personas con discapacidad con vistas a mejorar la vida de las personas con discapacidad y luchar contra las barreras y la discriminación.


En junio de 2005 la Comisión Europea lanza una estrategia de cinco años para acelerar la economía digital mediante la publicación de la comunicación "i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo".


El 13 de septiembre de 2005, tras una consulta pública realizada a principios de año, la Comisión Europea adoptó una comunicación sobre la accesibilidad electrónica ("e-accesibilidad").


Según se anuncia en la iniciativa i2010 y conforme a los deseos expresados en la Declaración Ministerial de Riga sobre una Sociedad de la Información Inclusiva (junio de 2006), la Comisión Europea propone a finales de 2007 una estrategia completa para la inclusión electrónica ("e-inclusión") con el fin de preparar la iniciativa europea sobre la inclusión electrónica para 2008.


Aquí se enmarca el Plan de acción "Envejecer mejor en la sociedad de la información", de junio de 2007. El plan de acción representa una primera respuesta de la Comisión Europea a la Declaración ministerial de Riga de 2006 sobre inclusión electrónica y viene a apoyar la política de la UE en los ámbitos del crecimiento y la competitividad de la estrategia de Lisboa revisada, la evolución demográfica, el empleo, la salud y la igualdad de oportunidades.


Plan de Acción eEurope 2002

El Plan de Acción afirma que "las páginas web del sector público y su contenido, en los Estados miembros y las instituciones europeas, deben diseñarse de manera que sean accesibles, a fin de que los ciudadanos con discapacidades puedan acceder a la información y aprovechar plenamente las posibilidades de la administración electrónica". Una de las medidas que recomienda es adoptar las orientaciones de la iniciativa "Accesibilidad de la web" (WAI) para los sitios web públicos para finales de 2001.

En la Resolución de 25 de septiembre de 2001, "eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su contenido", se subraya que para que los sitios web sean accesibles es fundamental que satisfagan el nivel doble A y que se aplique en su totalidad la prioridad 2 de las Pautas WAI.

Se persigue facilitar la adopción y aplicación de las pautas de la WAI, e incluye en anexos una guía rápida para las mismas. Además, la política europea de fomento de la accesibilidad de la información en los sitios públicos de la web se orienta a que las "páginas web del sector público y su contenido, en los estados miembros y las instituciones europeas deben diseñarse de manera que sean accesibles" (Plan de Acción eEurope, 2c); acción que debe realizarse por las instituciones europeas y los 15 Estados miembros gracias a la adopción de las citadas Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (WAI).

(1) La citada comunicación de la Comisión establece, entre otras, las conclusiones siguientes:
  • las administraciones públicas nacionales deberían procurar en todo momento mejorar la accesibilidad de sus páginas web y buscar mejores formas de ofrecer los contenidos y los servicios, de acuerdo con la evolución de las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas versiones de las pautas,
  • el sitio web e - Europa presentará los avances en la adopción y puesta en práctica de tales pautas por parte de las instituciones europeas y los Estados miembros,
  • las instituciones europeas y los Estados miembros deberán fomentar medidas de sensibilización, divulgación, educación y, en especial, formación en el terreno de la accesibilidad,
  • en el marco del plan de acción e-Europa, los Estados miembros deberán fomentar el cumplimiento de las pautas, no sólo en los sitios web públicos de carácter nacional, sino también en los locales y regionales,
  • en 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidades, deberá llevarse a cabo una iniciativa de gran envergadura dedicada a lograr la accesibilidad global de los sitios web públicos y privados.
[En Resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002, sobre el plan de acción e-Europa 2002: accesibilidad de los sitios web públicos y su contenido ]
Resolución ResAP(2001)3, de 24 de octubre de 2001 para la completa ciudadanía de las personas con discapacidad mediante nuevas tecnologías integradoras.

Propone aplicar a todos los productos y servicios los principios de disponibilidad, accesibilidad, facilidad de uso, asequible, concienciación, apropiado y atractivo, adaptabilidad y compatibilidad.

Plan de Acción eEurope 2005

Presentado en junio de 2002 por el Consejo Europeo de Sevilla. Su principal objetivo es ofrecer a todos la posibilidad de participar en la sociedad de la información mundial.

Servicios públicos interactivos. Antes de finalizar 2004, los Estados miembros deben haber garantizado que los servicios públicos básicos sean interactivos, cuando proceda, sean accesibles a todos y exploten las posibilidades tanto de las redes de banda ancha como delacceso multiplataforma.

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios .

En la medida de lo posible, los poderes adjudicadores deben establecer especificaciones técnicascon el fin de tener en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con discapacidades o el diseño para todos los usuarios. Dichas especificaciones técnicas deben indicarse claramente, de modo que todos los licitadores sepan qué abarcan los requisitos establecidos por el poder adjudicador.

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de enero de 2006.

Mandato M/376, "Standardisation mandate to CEN, CENELEC and ETSI in support of european accessibility requirements por public procurement of productos and services in the ICT domain", 7 de diciembre de 2005
Mandato de la Comisión Europea a los organismos de Normalización Europeos (CEN, CENELEC y ETSI), para que definan requisitos de accesibilidad para la contratación de bienes y servicios TIC. En este mandato se plantean dos grandes objetivos:
  • Identificar un conjunto harmonizado de requisitos funcionales europeos de accesibilidad para la contratación de bienes y servicios TIC.
  • Proporcionar una herramienta electrónica para aplicar esos requisitos en el proceso de contratación de bienes y servicios.

La primera fase comenzó en 2007 y terminó en 2009. Las segunda fase incluye actividades de normalización y estandarización, así como generación de material de apoyo.

Se ha planteado la posibilidad de incorporar las WCAG 2.0, por ello se ha pedido a los estados miembro que no se realicen nuevas normas de accesibilidad en hasta que no se términe este estándar.

Nota 2014: la norma a la que hace referencia el mandato vió la luz a principios de 2014 EN 301 549 ‘Requisitos de accesibilidad adecuados para la contratación pública de productos y servicios TIC en Europa’. Los requisitos de accesibilidad de los contenidos web son equivalentes a los requisitos de nivel A y AA de las WCAG 2.0

Artículo relacionado: WCAG 2.0

Comunicación, de junio de 2005 "i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo"

Además, la Comisión tiene intención de proponer en 2008 una iniciativa europea en materia de inclusión digital, en la que se abordarán cuestiones tales como la igualdad de oportunidades, la capacitación en TIC y las diferencias entre regiones. Su preparación se efectuará mediante acciones sobre seguimiento activo, alfabetización digital e investigación de soluciones tecnológicas accesibles.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - La accesibilidad electrónica", de 9 de mayo de 2006

7.3.2 El CESE pide a todas las administraciones públicas que incluyan criterios de accesibilidad en sus procedimientos de licitación.

7.3.3 El CESE pide que en la revisión futura de las directivas sobre adjudicación de contratos públicos se incluyan disposiciones obligatorias sobre la accesibilidad con respecto a los bienes y servicios en el ámbito de las TIC. Conforme a ellas, debería quedar legalmente prohibido que las administraciones públicas utilicen programas de software, equipos de hardware u otros productos y servicios del ámbito de las TIC que no sean conformes con las actuales normas de accesibilidad.

[…]

7.5.1 El CESE pide a todos los Estados miembros que adopten, sin ningún cambio, la versión 2 de las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (Web Accessibility Initiative Guidelines) y que incorporen plenamente esta versión 2 a todos los sitios web públicos.

7.5.2 El CESE solicita que el segundo nivel de consentimiento de la versión 2 del W3C de las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad (WAI) a la web, que supone un mayor nivel de accesibilidad, se aplique a todos los recursos de la Web.

7.5.3 El CESE señala y subraya la necesidad urgente de desarrollar y facilitar "herramientas de autor" en materia de accesibilidad que los diseñadores de sitios web puedan utilizar para garantizar el cumplimiento de las pautas W3C-WAI y WCAG 2.0 en sus sitios web. Estas herramientas deberían ser conformes a la versión 2 del W3C de las Pautas.

Enlaces relacionados:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia una sociedad de la información accesible» (Bruselas 1.12.2008) dentro de la estrategia i2010

Se propone:

  • Las organizaciones europeas de normalización debe adoptar rápidamente unas normas europeas en materia de accesibilidad web, tras el establecimiento de unas directrices actualizadas (WCAG 2.0) por parte del World Wide Web Consortium.
  • Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para conseguir que las páginas web públicas sean accesibles y preparar conjuntamente la rápida adopción de las normas europeas sobre la accesibilidad web.

Además indica:

A nivel internacional, la versión 1 de las WCAG fue adoptada en 1999 por el World Wide Web Consortium (W3C). Sin embargo, sus ambigüedades permitieron su aplicación fragmentada por parte de los Estados miembros y, a la vista de la evolución reciente de Internet, las WCAG 1.0 están quedándose anticuadas. El W3C ha estado trabajando durante varios años sobre una versión nueva de las especificaciones (WCAG 2.0), que se encuentra ya en las etapas finales previas a su aprobación. El reto es evitar esta vez una aplicación fragmentada.

Por último, propone como acciones a desarrollar:

  • Facilitar la rápida adopción y aplicación en Europa de las directrices internacionales (WCAG 2.0)
  • Mejorar la comprensión de la accesibilidad web y fomentarla.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "La futura legislación sobre la accesibilidad electrónica", aprobado el 30 de mayo de 2007
Comunicación "Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras" (15.11.2010)

Actualmente hay unos 80 millones de personas con discapacidad en la UE, es decir, un sexto de la población europea. El plan pretende que cualquier ciudadano con discapacidad de la UE pueda utilizar un autobús sin problemas, conectarse a Internet o manejar un DVD sin ayuda de otras personas, y por eso estudiará la posibilidad de proponer de aquí a 2012 una "Ley europea de accesibilidad", con miras al desarrollo del mercado único de productos y servicios accesibles.

Ley Europea de Accesibilidad
La consulta pública de la Comisión europea terminó el 29 de febrero de 2012. Según un comunicado de prensa la ley está prevista para otoño de 2012.

Se puede consultar más información sobre los Planes y Estrategias Europeas en materia de Sociedad de la Información en:

Síntesis de la legislación de la UE > Sociedad de la información


El 3 de diciembre de 2012 la Comisión Europea presentó una propuesta sobre la accesibilidad de los sitios de Internet de los organismos del sector público que introduce características obligatorias de accesibilidad (nivel AA de las WCAG 2.0) para doce tipos de sitios de Internet a partir del final de 2015: "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Accessibility of Public Sector Bodies' websites".

La accesibilidad obligatoria se aplicaría a servicios administrativos esenciales como la seguridad social y los servicios sanitarios, la búsqueda de empleo, las matriculaciones en la universidad y la expedición de documentos y certificados personales (véase la lista completa en el anexo). La directiva propuesta se presentará al Consejo de Ministros de la UE y al Parlamento Europeo para su adopción (estaremos pendientes de la misma).

Ver nota de prensa:La Comisión propone normas para que los sitios de Internet de la administración sean accesibles para todos

EN 301 549 ‘Requisitos de accesibilidad adecuados para la contratación pública de productos y servicios TIC en Europa’, febrero 2014
Resultado del mandato M376 los organismos europeos de Normalización CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones) aprobaron a comienzos de 2014 la primera norma europea de Accesibilidad para productos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Un estándar europeo de requisitos funcionales de accesibilidad, en la contratación pública de productos y servicios TIC, que asegure que son accesibiles para todas las personas.

Lo comenté en EN 301 549: primera norma europea de Accesibilidad para productos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Otros países


Otros países europeos (Irlanda, Portugal, Suecia, Alemania) al igual que España, exigen que los sitios web de los departamentos de la Administración Pública cumplan los criterios de accesibilidad de las WAI. Artículo relacionado: Accesibilidad web en Francia, Sergio Luján, 2009.


De la misma manera, fuera de Europa, otros países como Canadá, Australia o EEUU tienen legislaciones similares.

Es especialmente conocida la Sección 508 del "Acta de los Americanos con Discapacidad" de EEUU que entró en vigor el 21 de junio de 2001. Más información: Legislación y normas técnicas de accesibilidad en tecnologías de la información y las comunicaciones, Loic Martínez Normand y Juan Pedro Caraca-Váleme


En octubre de 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el 21st Century Communications and Video Accessibility Act, la nueva ley que ayudará a las personas con discapacidad acceder y participar en el mundo digital. Esta nueva legislación establece las normas federales que requieren la industria de las telecomunicaciones para asegurarse que los dispositivos que se construyen y los programas que transmiten son accesibles a las personas con problemas de audición y visión.


En 2010, Australia adoptó las WCAG 2.0: Australia adopta las WCAG 2.0, accesibilidadweb.com, 24.2.2010


Oficiales ya desde Diciembre de 2008, la segunda versión de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 2.0) han sido incorporadas en la legislación australiana.
[...]
Cabe destacar, que en Australia se obliga a publicar siempre una alternativa a un documento PDF (Portable Document Format) preferentemente en HTML (HyperText Markup Language) o en RTF (Rich Text Format)


Referencias y enlaces de interés




Acceso rápido: Principales leyes estatales




Apéndice I: Sobre denuncias y sanciones a portales web en España

Sergio Luján en "A quién denunciar la falta de accesibilidad y en Guía para la autodefensa de las personas con discapacidad explica los organismos implicados, los modelos para realizar una consulta o queja y el resumen anual con el número de consultas, quejas y denuncias. En el informe de 2010 se recogen denuncias a las web de: Transportes Metropolitanos de Barcelona, el Corte Inglés, AGBAR, Openbank, Iberia, RTVE, Endesa, Grupo Gas Natural, Jazztel, ORANGE, Corporación RTVE, Grupo Santander y Grupo Avanza.

Asi, en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encontramos los enlaces a:

  • Oficina Permanente Especializada, órgano especializado en realizar funciones de asesoramiento, análisis y estudio de las denuncias y consultas realizadas por personas con discapacidad que manifiesten haber sido objeto de discriminación
  • Sistema arbitral, encargado de la resolución extrajudicial de las quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad, siempre que no sean constitutivas de derechos.
  • Unidad de Infracciones y sanciones, con el impreso de denuncia.

También se puede presentar una queja al Defensor del Pueblo

En el post "La respuesta del Ministerio de Salud" (19/11/13) Sergio Luján explica que la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad le contestó que se habían puesto 14 denuncias pero ninguna sanción.

Por otra parte, el CERMI publica la Guía para la autodefensa de las personas con discapacidad, que explica los recursos nombrados anteriores y en cuya página incluye también enlaces a los modelos de denuncia.

Agosto 2012

Se publica en el BOE la "Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Subsecretaría, por la que se autoriza el procedimiento para la presentación y tramitación de consultas y quejas ante la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como la utilización de notificaciones electrónicas."

Septiembre 2010


El CERMI denuncia a 9 grandes empresas por falta de accesibilidad de sus páginas de Internet, Cermi, 21/09/2010
En el año 2009, el CERMI elaboró un informe sobre la accesibilidad de las páginas de Internet de 30 grandes españolas, representativas de los sectores de actividad más relevantes. Los resultados del mismo fueron envidos a cada empresa, requiriendo en su caso la subsanación de las deficiencias de accesibilidad detectadas.

Seis mese después, se efectuó una segunda entrega del informe, para comprobar qué empresas habían introducido mejoras en cuanto a la accesibilidad, tras la comunicación de los primeros resultados. Pasado un tiempo prudencial, se denuncian aquellas páginas que no han avanzado en el mandato legal, pese a las advertencias del sector de la discapacidad sustentadas en informes técnicos solventes.

Las empresas objeto de denuncia han sido la Corporación RTVE, Grupo Santander, Iberia, Alcampo, Grupo Avanza, Jazztel, Orange, Endesa y Gas Natural.

La ausencia de condiciones de accesibilidad de las páginas webs públicas y de grandes empresas constituye una infracción administrativa con arreglo al régimen legal de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, aprobado en 2007 y plenamente vigente.

Según esta regulación, la sanción por incumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad puede oscilar entre 30.000 y 90.000 euros de multa.

El CERMI ya ha denunciado por estos mismos motivos a otras entidades públicas y privadas y continuará con estas actuaciones dentro de una campaña para forzar el cumplimiento de las obligaciones legales de accesibilidad por parte de las personas obligadas.


Marzo 2010

La administración investiga las web de tres grandes empresas por falta de accesibilidad, ecodiario.es, 6.3.2010


El Ministerio de Sanidad y Política Social ha abierto actuaciones previas, paso anterior a la apertura en su caso de procedimiento sancionador, contra las páginas corporativas de Internet de El Corte Inglés, Aguas de Barcelona (Agbar) y Transportes Metropolitanos de Barcelona, para comprobar si cumplen la normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.


Mayo de 2009

"El cermi denuncia falta de accesibilidad de la página web de la Universidad Autónoma de Madrid", EcoDiario (01/05/09).



"El Cermi ya ha denunciado por estos mismos motivos a Metro de Madrid y continuará con estas actuaciones dentro de una campaña para forzar el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad por parte de las entidades públicas", advierte.



Abril 2009

"La web de Metro de Madrid denunciada por no ser accesible", accesibilidadweb.com (2/04/09)


[...] tanto el Cermi Estatal como el de la Comunidad de Madrid solicitan el inicio de la actuación administrativa que permita comprobar los hechos denunciados y la instrucción del expediente y la imposición de la sanción que corresponda.



Lisado de denuncias en EEUU

17 comentarios :
qweos dijo...

Olga, enhorabuena. Excelente trabajo de recopilación.

ghporras dijo...

Woww... Espectacular recopilación.
Gracias!

Jorge dijo...

Excelente artículo recopilatorio!
Por fin un sitio donde ver de una vez todo lo relativo a la legislación sobre accesibilidad en España.

Solo una pequeña corrección, en la Ley 51/2003 (LIONDAU), la accesibilidad web se trata en la disposición final séptima, en lugar de la quinta ;)

Saludos y gracias!

Olga Carreras dijo...

Gracias Jorge, ya está corregido.

Gustablog dijo...

Te animas a desarrollar un decálogo de usabilidad para blogs?
Saludos y felicitaciones por el blog

Olga Carreras dijo...

El Consejo de Europa adopta una nueva resolución sobre Accesibilidad Universal en CEAPAT (25/02/2008)

Fede SEO dijo...

Toda una lista para imprimirla y leerla en vacaciones.

Olga Carreras dijo...

enlace relacionado
nº11 de la revista Jurídicas XXI

Anónimo dijo...

Europa La Comisión quiere una Internet mejor adaptada a las personas discapacitadas: la Comisión Europea ha puesto en marcha hoy una consulta pública ....

Anónimo dijo...

¿Qué legislación sobre accesibilidad nos obliga?

Anónimo dijo...

Folleto del CERMI

Olga Carreras dijo...

Accesibilidad en Francia

Anónimo dijo...

La legislación está bien. Pero no vale mucho si los trabajadores públicos tienen poco afán de mejora, etc. En 2009 la mayoría de los sitios de las principales instituciones públicas de España sigue presentando una baja accesibilidad web. Se ve en los vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=LGTGQK09W8w
http://www.youtube.com/watch?v=s-AYIpsnwC8
http://www.youtube.com/watch?v=kxGBESJZDxo

antonio dijo...

gran recopilación!! enhorabuena.
y para cuando Aenor va tener como referencia las WCAG 2.0
saludos

GONZALO ARJONA JIMENEZ dijo...

Muchas gracias por citarme. Lo que te haga falta hazmelo saber

Anónimo dijo...

Estimada Olga,

antes de nada enhorabuena por tu trabajo.

Me surge una duda en relación al comentario sobre la Ley 56/2007 en el que indicas que determinadas empresas están obligadas a establecer (además del resto de obligaciones)información sobre su nivel de accesibilidad,la fecha de su revisión y facilitar un sistema de contacto específico.

La obligación de inforamr sobre su nivel de accesibilidad y la fecha de su revisión no sería sólo aplicable a las Administraciones Públicas?

La norma que incluye a determinadas empresas como sujetos obligados de determinados niveles de accesibilidad es la LEY 56/2007 que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio; por su parte, la norma en la que se establece las citadas obligaciones es el RD 1494/2007, que salvo error no aplica a estas empresas (cita expresamente a las Admisnitraciones Públicas).

Además en las WCAG 2.0 Y 1.0, de hecho se establece que no es necesaria la declaración de conformidad.

muchas gracias de antemano y de nuevo enhorabuena!!!

Carlos

Olga Carreras dijo...

Hola, sobre la necesidad de informar del nivel de accesibilidad, fecha de revisión y contacto, tanto el Real Decreto 1494/2007 como la Ley 56/2007, lo indican solo para las Administraciones públicas.

Lo he modificado en el artículo para que no cree confusión, pues lo específicaba en la entrada del Real Decreto pero es verdad que en la de la Ley no lo concretaba.

La Norma UNE 139803 ha sido modificada recientemente para ajustarse a las WCAG 2.0, y efectivamente estas no obligan a incluir la
declaración de conformidad.

Pero entiendo que en el caso de las Administraciones Públicas españolas, por lo que dicta la ley, sí deberían incluirla.

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